Hinterland Panamá

Panamá tiene una oportunidad para redefinir las condiciones futuras de sus concesiones portuarias con una visión de largo plazo, afirmó el expresidente Ernesto Pérez-Balladares durante un panel sobre el desarrollo del sector logístico organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El exmandatario participó en el panel “PPC: Orígenes, Evolución y Desafíos Estratégicos”, donde se analizó la evolución del contrato portuario y su impacto en la economía nacional.

En el conversatorio también intervino el exministro de Economía y Finanzas Fernando Aramburú Porras, quien sostuvo que la decisión judicial no genera una inseguridad jurídica generalizada. Según dijo, el fallo establece una guía para evitar errores en futuras concesiones y refuerza el Estado de derecho.

“La seguridad jurídica es para ambas partes y en este caso la parte vulnerada fue el Estado panameño al no otorgarle los beneficios que le correspondía y entorpecer el desarrollo portuario en Panamá”, afirmó.

El panel, moderado por la periodista Laura Puertas, abordó además la importancia de preservar la reputación internacional del país como centro logístico regional, en momentos en que se revisa el futuro de las concesiones portuarias.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, señaló que el tema tiene implicaciones directas para el modelo de desarrollo del país. Indicó que la logística aporta actualmente 11.8% del producto interno bruto y explica más de una cuarta parte del crecimiento económico reciente.

De acuerdo con el más reciente informe económico mensual del gremio empresarial, el sector de transporte y logística representa 14.5% del PIB de Panamá, aunque la economía interna muestra señales mixtas y la generación de empleo formal sigue siendo un desafío.

Durante el panel también se recordó que el contrato original de 1997 respondió a un contexto en el que la infraestructura portuaria del país aún se encontraba en desarrollo. Con el paso del tiempo se introdujeron modificaciones que, según los expositores, alteraron el esquema inicial y generaron cuestionamientos públicos que desembocaron en la reciente decisión de la Corte Suprema.

Dicho contrato fue aprobado durante la administración de Pérez Balladarez (1994-1999) a través de la Ley No. 5 del 16 de enero de 1997.

APEDE indicó que ha sostenido reuniones con autoridades para conocer los avances del proceso de transición portuaria y reiteró la importancia de mantener la continuidad operativa, la estabilidad laboral y el diálogo institucional mientras se define el futuro de las concesiones.