Hinterland Panamá

El 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato entre la República de Panamá y Panama Ports Company para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá. Esta sentencia declaró nulo el contrato, que en 2021 se había renovado hasta 2047.

Poco después del anuncio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, anunció el interés de APL Terminals en operar estos puertos mientras se realizaba una nueva licitación.

Según información de Hutchinson Ports, empresa matriz de Panama Ports Company, en 28 años de operación la empresa ha invertido $1,800 millones en infraestructura, tecnología y desarrollo, y en 2024, manejó un total de 87.5 millones de TEU.

Estos puertos, junto con otros activos gubernamentales, fueron privatizados durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1997), sin embargo, la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal ha sido posiblemente la más cuestionada dada la eliminación de los cánones que se pagarían a la República de Panamá y la supuesta reinversión en lugar de pagos de dividendos.

Panama Ports Company es la única empresa portuaria en el país en la que la República de Panamá es accionista, con una participación del 10%. En contraste, la República de Panamá posee entre el 49% y el 51% de otros servicios anteriormente estatales. Esta operación es supervisada por la Autoridad Marítima de Panamá y la Dirección de Inversión Estatal, Concesiones y Riesgos del Ministerio de Hacienda.

1992
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● Ley 16 establece el proceso de privatización de empresas estatales
│ en Panamá, incluyendo telecomunicaciones, electricidad y puertos.
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1996
│
● Hutchison Ports gana la licitación internacional para operar
│ los puertos de Balboa y Cristóbal. También participaron
│ Kawasaki (Japón) y Bechtel (Estados Unidos).
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1997
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● 16 de enero: Se aprueba la Ley 5 que ratifica el contrato
│ con Panama Ports Company para operar los puertos.
│ La concesión se otorga durante el gobierno de
│ Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
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2009
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● Auditoría revela utilidades acumuladas de aproximadamente
│ 750 millones de dólares. El Estado panameño,
│ accionista con 10 %, aún no había recibido dividendos.
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2015
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● Panama Ports Company paga dividendos por primera vez
│ en 18 años: 1 millón de dólares.
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2017
│
● Se presenta una demanda contra la empresa basada
│ en los hallazgos de la auditoría de 2009.
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2019
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● Septiembre: La Corte Suprema admite la demanda.
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2021
│
● 8 de enero: La empresa solicita certificación de cumplimiento
│ del contrato ante la Autoridad Marítima de Panamá,
│ activando la extensión automática de la concesión
│ hasta el año 2047.
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2022
│
● Panama Ports Company paga 15 millones de dólares
│ en dividendos al Estado panameño.
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2025
│
● Enero: La empresa anuncia dividendos y pagos extraordinarios
│ por 658 millones de dólares.
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● Marzo: CK Hutchison anuncia negociaciones para vender
│ 43 puertos en el mundo (incluyendo Balboa y Cristóbal)
│ por 23 mil millones de dólares.
│
● 30 de julio: La Contraloría presenta demandas de
│ inconstitucionalidad contra la Ley 5 de 1997.
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2026
│
● 20 de enero: Ex trabajadores portuarios protestan ante
│ la Corte Suprema reclamando 150 millones de dólares
│ en compensaciones pendientes.
│
● 29 de enero: La Corte Suprema declara inconstitucional
│ la Ley 5 de 1997, dejando sin efecto el contrato
│ de concesión de los puertos.
│
● Posteriormente: El presidente José Raúl Mulino anuncia
│ el interés de APM Terminals en operar los puertos
│ mientras se organiza una nueva licitación.